Por Jesús Hernando Sarria, departamento de Investigación del IEB; y Javier López Bernardo, analista senior de crédito en BrightGate Capital.

          Los activos refugio no sólo cumplen una función en los sistemas financieros modernos: como instrumentos de deuda son también el resultado de la posición fiscal de los países que los emiten. No es de extrañar, por tanto, que la literatura no haya alcanzado un consenso ni sobre su definición ni sobre qué activos deben ser considerados “refugio”. Por ejemplo, para Caballero et al. (2017, p. 29), un activo refugio es “simplemente un instrumento de deuda que se espera que mantendrá su valor en eventos sistémicos adversos.”

          Para Barclays (2013, p. 17), “la definición precisa de activo refugio puede variar dependiendo del contexto, pero asumiremos que es razonable esperar de dichos activos baja probabilidad de impago, elevada liquidez y bajo riesgo de tipo de cambio.” Finalmente, para Gorton (2016), estudioso reconocido por su análisis de las causas de los pánicos bancarios y las crisis financieras en Estados Unidos durante los últimos dos siglos, un activo refugio “se valora (casi siempre) a valor facial sin un análisis prolongado y costoso de obtener. Es decir, aquel en el que por diseño no hay beneficio de producir información (privada) sobre su valor […] con lo que los agentes no tienen que temer a efectos de selección adversa a la hora de comprar y vender dichos activos.” En otras palabras, un activo refugio es un activo que se puede valorar a la par fácilmente sin necesidad de “hacer demasiadas preguntas” (no questions asked, NQA).

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